derecho-al-olvidoEl derecho al olvido está relacionado con el Habeas Data que es el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se han recogido sobre ellas en bancos de datos.

Es el derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir información personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que, de alguna manera afecta, el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales. En ocasiones, este derecho colisiona con el derecho a la libertad de expresión.

Clean ups Protege el derecho al olvido.

El nuevo Servicio de la firma DE LA ESPRIELLA Lawyers Enterprise®, Clean Ups, está encaminado al logro del reconocimiento y protección, a través de las herramientas legales de rango constitucional debidamente establecidas en nuestra Carta Magna, de los derechos fundamentales al buen nombre y honra de que es titular el ciudadano colombiano. Tiene como objetivo, lograr la eliminación de la noticia de los motores de búsqueda de internet fundada en los efectos negativos que le produce la existencia de información negativa, obsoleta y/o difamatoria y que aunque puede haber decaído con el paso del tiempo, sin embargo el estar sujeto de forma ininterrumpida al escrutinio público deviene en una evidente vulneración al patrimonio moral e intrínseco cuando dicha información puede ser conocida por la sociedad en general en cualquier momento.

Colombia, como Estado Social de Derecho se funda en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana, entendida como un derecho fundamental autónomo de los seres humanos y que se resume en la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan.

En Colombia dos han sido los pronunciamientos de las Altas Cortes en materia del derecho al olvido y el alcance del derecho a la Libertad de Expresión.

En virtud de la sentencia T-277 de 2015 proferida por nuestra Corte Constitucional, relacionada con el derecho al olvido y el alcance de la libertad de expresión en Internet, los medios de comunicación en Colombia tendrían el deber de bloquear el acceso de los motores de búsqueda a contenidos que atenten contra la reputación de ciertas personas, sobre lo cual señaló:

“De lo anterior se desprende que tanto el derecho al buen nombre, como el derecho a la honra, se encuentran íntimamente ligados a la dignidad humana. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la dignidad humana, en cuanto derecho, se concreta en tres dimensiones que resultan indispensables para la vida de todo ser humano: (i) el derecho a vivir como se quiera, que consiste en la posibilidad de desarrollar un plan de vida de acuerdo a la propia voluntad del individuo; (ii) el derecho a vivir bien, que comprende el contar con unas condiciones mínimas de existencia; y (iii) el derecho a vivir sin humillaciones, que se identifica con las limitaciones del poder de los demás”.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal en comunicado 08 del 31 de agosto de 2015 consideró que “en principio las providencias judiciales abiertas al público deben borrar los nombres de las personas condenadas cuyas penas se hayan cumplido o prescrito. Así las providencias en relación con los delitos cometidos no serán ubicadas e indexadas por google cuando alguien busca por el nombre del condenado”, razonamiento que a todas luces favorece la reinserción social de los condenados y fortalece la igualdad de oportunidades en el mercado laboral.

En el entorno social, la garantía del derecho a la honra y al buen nombre es un prerrequisito para disfrutar de muchos otros derechos. Así, por ejemplo, tratos oprobiosos o des obligantes que ofendan el buen crédito de una persona o minen el respeto por su imagen, tienen la potencialidad de disminuir sus oportunidades laborales, impidiéndole desarrollar un oficio o encontrar un empleo acorde con sus capacidades. Es por tanto necesario que el ordenamiento destine mecanismos de protección encaminados a garantizar que no se afecten de forma desproporcionada o arbitraria estos derechos.

Por otro lado, el acceso masivo de personas a Internet, sin lugar a dudas, ha representado un cambio en la forma en que se lleva a la práctica el derecho a la libertad de expresión. La revolución informática ha alterado los medios a través de los cuales el mundo se comunica, pues ha hecho viable la transmisión de datos en tiempo real a través de múltiples formatos contemplados en las Técnicas de la Información y las Comunicaciones TIC.

Internet no solo ha generado enormes ventajas para sus usuarios, sino también ha creado retos para los gobiernos, puesto que su facultad regulatoria en el caso de Colombia ( Ley 1273 de 2009 modificatoria del Código Penal a través del cual se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado “De la Protección de la Información y de los Datos”, Ley 1341 de 2009 por la cual se definen principios y conceptos sobre la Sociedad de la Información y la Organización de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro ANE y se dictan otras disposiciones, Ley Estatutaria 1581 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.) ha de seguir pautas estrictas a la hora de intervenir en la red. Lo anterior implica que su capacidad de respuesta en relación con avances en el funcionamiento de Internet es limitada.

Por su parte la Ley Estatutaria 1581 de 2012, cuyo objeto es desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en base de datos o archivos, en relación con el tratamiento de datos por parte de medios de comunicación, señala que el régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación a las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales significando ello que no se descarte que los medios de comunicación con sus publicaciones puedan afectar el derecho de terceras personas al habeas data, derecho este que sin embargo posee rango constitucional y no requiere ser desarrollado legalmente para que pueda hacerse valer, de donde se desprende que si bien para este tipo de información la ley estatutaria precitada no es finalmente la fuente jurídica para proteger el derecho al habeas data, la protección de este derecho necesariamente tendrá que darse con base en las disposiciones de rango constitucional que regulan en forma genérica esta garantía, por lo menos hasta que el legislador estatutario entre a reglamentar lo referente.

No obstante, en cuanto a la posibilidad de actualizar y rectificar, el individuo tiene derecho a que lo publicado por los medios sea veraz e imparcial o, en su defecto, a que se rectifique la información suministrada en condiciones de equidad.

Aunado a lo anterior, en tratándose de la información que los medios de comunicación arrojan sobre asuntos relacionados con procesos judiciales, es dable insistir en que no es facultad de los medios afirmar la responsabilidad penal de una persona, hasta que no exista una sentencia judicial ejecutoriada que la declare, pues ello implicaría desconocer la presunción de inocencia, de ahí los límites constitucionales de la libertad de prensa, especialmente cuando entra en pugna con los derechos a la honra y al buen nombre de las personas afectadas, por lo que se hace necesario advertir de los graves efectos que las informaciones difundidas por los medios de comunicación pueden ocasionar en la vida de las personas, pues un uso irresponsable de esta facultad puede comprometer la paz social, su buen nombre e integridad física.

Un ejemplo de la manera en que la jurisprudencia comparada ha resuelto este tipo de controversias en casos similares es el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea proferido dentro del caso C-131 de 2014.

“ En este caso, un ciudadano español presentó una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos-AEPD- en contra de un medio de comunicación y Google España y Google Inc., toda vez que al digitar su nombre en el motor de búsqueda de Google, dentro de los resultados se mostraba un anuncio referido a un remate de muebles por deudas a la seguridad social a cargo del accionante, quien aparecía identificado con su nombre completo. Por lo anterior, este último solicitó que se modificara o eliminara del medio de comunicación la información referida a sus datos personales, y que el gestor suprimiera sus datos personales, de tal forma que no aparecieran dentro de los resultados de búsqueda y dejasen de estar ligados a la página del medio de comunicación. La AEPD desestimó las pretensiones en contra del medio, pero las concedió en relación con el intermediario de internet, al considerar que estos están sujetos al régimen de protección de datos y que por tanto la AEPD estaba facultada para ordenar la eliminación cuando la información pudiese afectar los derechos de una persona, que incluyen la potestad de decidir qué datos propios no pueden ser conocidos por otros. Luego de esto, los accionados apelaron la decisión ante la Audiencia Nacional, la cual suspendió el procedimiento y planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que indagaba por las obligaciones de los gestores de búsqueda de Internet respecto a la protección de datos personales de sujetos que no quieren que los mismos sean localizados, indexados y puestos a disposición de quienes navegan en la red por parte de los buscadores. En respuesta a esta cuestión, el Tribunal determinó que los motores de búsqueda deben considerarse como responsables del tratamiento de datos personales, pese a que en el desarrollo de su labor de indexación los mismos no diferencian entre informaciones correspondientes a datos personales y aquellas que no corresponden a los mismos, cuando con ocasión de una búsqueda suministran vínculos de páginas web a los usuarios.”

“Así las cosas, el Tribunal de Justicia estimó que los motores de búsqueda realizan tratamiento de datos personales. También consideró que los gestores son responsables de dicho tratamiento y que los usuarios pueden exigir al intermediario que suprima los resultados obtenidos luego de utilizar descriptores correspondientes a datos personales, aun en eventos en los que no se ha ordenado a los propietarios de las páginas de Internet indexadas que procedan a eliminar la información que el titular no quiere que sea conocida por terceros”.

CleanUps está encaminado a proteger la información personal del individuo que se recopile o almacene en internet mediante las tecnologías de la información y las Comunicaciones TIC en busca del restablecimiento de los derechos a la honra, al buen nombre y a la rectificación presuntamente vulnerados con la publicación, para lo cual no existe mecanismo judicial distinto al de la acción constitucional de tutela para conseguir lo pretendido.